EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN EL JUICIO ORAL ECUATORIANO (2025)
DOI:
https://doi.org/10.56519/fweg3c46Palabras clave:
Inmediación, juicio oral, debido proceso, Ecuador, justicia, immediacy, oral trial, due process, justiceResumen
El principio de inmediación constituye el eje fundamental del sistema procesal oral en Ecuador al exigir la interacción directa y constante del juzgador con las pruebas, las partes, los testigos y los peritos durante la audiencia, permitiendo así que la resolución judicial se sustente en información obtenida de primera mano ; no obstante, la transición hacia modelos tecnológicos y la virtualidad en el año 2025 han generado tensiones estructurales que ponen en riesgo su eficacia material y la calidad de la tutela judicial. El presente estudio analiza la efectividad de dicho principio evaluando su impacto en el debido proceso y la validez de las sentencias mediante una metodología mixta de alcance descriptivo-analítico que integró un componente cuantitativo a través de encuestas a 100 funcionarios judiciales en la provincia de Pichincha, procesadas en el software SPSS, junto con un análisis cualitativo de 50 expedientes con violaciones identificadas mediante el software NVivo. Los resultados demuestran que el cumplimiento pleno de la inmediación alcanza únicamente el 68% de las causas analizadas, identificándose como factores críticos de incumplimiento la congestión judicial, las fallas recurrentes en el sistema SATJE relacionadas con la conectividad y la carga de expedientes voluminosos, además del uso excesivo de audiencias virtuales que limitan la percepción sensorial del juzgador. Asimismo, se determinó un incremento del 28% en las nulidades procesales vinculadas directamente a la falta de presencia continua del juez o a delegaciones indebidas de funciones a secretarios judiciales. Se concluye que la efectividad del principio es limitada y requiere reformas institucionales orientadas a optimizar la infraestructura tecnológica y fortalecer la capacitación especializada, asegurando que la celeridad procesal no opere en detrimento del contacto directo entre el juzgador y los sujetos procesales para garantizar una justicia transparente y ajustada a la realidad constitucional del país.
ABSTRACT
The principle of immediacy forms the cornerstone of Ecuador’s oral procedural system by requiring the judge’s direct and constant interaction with the evidence, the parties, the witnesses, and the experts during the hearing, thereby ensuring that judicial decisions are based on firsthand information; however, the transition toward technological models and virtual proceedings by 2025 has generated structural tensions that jeopardize its practical effectiveness and the quality of judicial protection. This study analyzes the effectiveness of this principle by evaluating its impact on due process and the validity of judgments through a mixed-methods approach combining descriptive -analytical methodology that integrated a quantitative component through surveys of 100 judicial officials in the province of Pichincha, processed using SPSS software, along with a qualitative analysis of 50 case files with violations identified using NVivo software. The results show that full compliance with the principle of immediacy is achieved in only 68% of the cases analyzed, with critical factors of non-compliance identified as judicial congestion, recurring failures in the SATJE system related to connectivity and the processing of voluminous case files, as well as the excessive use of virtual hearings that limit the judge’s sensory perception. Furthermore, a 28% increase was observed in procedural nullities directly linked to the judge’s lack of continuous presence or to improper delegations of duties to court clerks. It is concluded that the effectiveness of the principle is limited and requires institutional reforms aimed at optimizing technological infrastructure and strengthening specialized training, ensuring that procedural speed does not operate to the detriment of direct contact between the judge and the parties to the proceedings, in order to guarantee a justice system that is transparent and aligned with the country’s constitutional reality.
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