GARANTÍAS JURISDICCIONALES EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN COACTIVA: ANÁLISIS DEL DEBIDO PROCESO CON ENFOQUE AL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE EFICIENCIA RECAUDATORIA QUE RIGE A LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS

Resumen

Cuando las empresas públicas ecuatorianas de agua, electricidad y telecomunicaciones salen a cobrar las deudas de sus usuarios por la vía coactiva, se enfrentan a un problema de ingeniería institucional nada sencillo: necesitan recuperar plata para seguir operando, pero el diseño del proceso de cobro tiene que incluir frenos que protejan los derechos de la gente. Este trabajo examina cómo las sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador han afectado ese equilibrio. Se revisaron 8 fallos clave del tribunal y 35 estudios especializados, usando el método PRISMA para asegurar que las fuentes fueran las adecuadas. Los resultados muestran que cuando los procesos de cobro incorporan elementos como notificar bien al deudor y explicar claramente por qué se embargan bienes, los títulos de crédito se anulan mucho menos en los juzgados. La literatura revisada sugiere que las nulidades bajaron cerca de un 40% en los casos donde se aplicaron estos estándares. También se encontró que los procedimientos bien hechos desde el principio tardan menos en dar resultados: pasaron de 18 a 9 meses en promedio. Esto confirma la idea de que las decisiones de la Corte ayudaron a que el llamado "privilegio" del Estado para cobrar directamente se vuelva algo razonable, no un mecanismo fuera de control. Al final se proponen algunas medidas prácticas: entrenar mejor a los recaudadores, ajustar los procedimientos internos de las empresas a lo que dice la jurisprudencia y darle más independencia técnica al personal que maneja estos cobros.

ABSTRACT

 When Ecuadorian public water, electricity, and telecommunications companies seek to collect debts from their users through coercive means, they face a complex institutional engineering problem: they need to recover money to continue operating, but the design of the collection process must include safeguards that protect people's rights. This paper examines how the rulings of the Constitutional Court of Ecuador have affected that balance. Eight key court rulings and 35 specialized studies were reviewed, using the PRISMA method to ensure that the sources were appropriate. The results show that when collection processes incorporate elements such as properly notifying the debtor and clearly explaining why assets are being seized, credit instruments are much less likely to be invalidated in court. The literature reviewed suggests that invalidations fell by about 40% in cases where these standards were applied. It was also found that procedures that were done correctly from the outset took less time to produce results: they went from 18 to 9 months on average. This confirms the idea that the Court's decisions helped to make the State's so-called “privilege” to collect directly a reasonable one, rather than an out-of-control mechanism. Finally, some practical measures are proposed: better training for collectors, adjusting companies' internal procedures to comply with case law, and giving more technical independence to the staff who handle these collections.