INCLUSIÓN FINANCIERA Y ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS FINANCIEROS EN ECUADOR: BRECHAS TERRITORIALES Y FACTORES
SOCIOECONÓMICOS.
comportamiento del acceso y uso de los servicios financieros desde diferentes perspectivas (2). En
el cuarto trimestre de 2025 se registraron 11,6 millones de clientes entre 15 y 69 años con algún
producto financiero, equivalente al 91,6 % de la población adulta, mientras que 10,3 millones de
clientes tenían cuentas de uso frecuente, equivalente al 81,2 % de la población adulta (3). Esta
diferencia permite observar que existe una parte de la población que tiene algún vínculo con el
sistema financiero, pero que no necesariamente mantiene un uso frecuente de sus cuentas.
La diferencia entre acceso y uso resulta importante porque una persona puede disponer de una
cuenta, pero encontrar dificultades para utilizarla de manera habitual, por ejemplo, por la distancia
hasta una institución financiera, la falta de ingresos suficientes, el desconocimiento sobre los
productos, la desconfianza, los costos asociados o la falta de conectividad. El Banco Mundial ha
señalado que en Ecuador los beneficiarios de transferencias sociales todavía enfrentan dificultades
relacionadas con los desplazamientos, la información disponible, la confianza en las instituciones y
el conocimiento sobre los productos financieros (4). Estas situaciones muestran que la existencia
de una cuenta o de un punto de atención no garantiza por sí misma una inclusión financiera
efectiva.
Las diferencias territoriales constituyen otro elemento importante, debido a que las condiciones
económicas y sociales no son iguales entre provincias ni entre las zonas urbanas y rurales. El estudio
realizado por Álvarez-Gamboa, Jácome-Estrella y Cabrera-Barona identificó desigualdades
territoriales entre las provincias del Ecuador mediante un índice de inclusión financiera y encontró
una asociación inversa entre inclusión financiera y pobreza multidimensional (5). Esto significa que
las condiciones de pobreza pueden estar relacionadas con las posibilidades que tienen las personas
de acceder y utilizar productos financieros, aunque esta relación debe interpretarse dentro del
conjunto de factores económicos, sociales y territoriales que influyen en el fenómeno.
La situación socioeconómica de los hogares también representa un aspecto importante,
especialmente porque el nivel de ingresos puede determinar la capacidad de mantener una cuenta,
ahorrar, acceder a un crédito o utilizar medios de pago formales. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, en diciembre de 2025 la pobreza por ingresos fue de 21,4 % a
nivel nacional, mientras que en el área rural llegó al 37,6 %, frente al 13,8 % registrado en el área
urbana (6). Estas diferencias muestran que las condiciones económicas de la población presentan
una marcada dimensión territorial, lo que resulta relevante al analizar el acceso efectivo a los
servicios financieros.
La pobreza por necesidades básicas insatisfechas también muestra diferencias importantes entre
provincias, en 2025 Morona Santiago registró un 87,1 % y Orellana un 67,2 % de población con
pobreza por NBI, mientras que Pichincha registró 12,0 % y Tungurahua 10,9 %, lo que refleja que
las condiciones de vida y las oportunidades económicas presentan diferencias significativas dentro
del territorio nacional (7). Estas diferencias no permiten afirmar por sí solas que una provincia
tenga menor inclusión financiera, pero sí constituyen un contexto socioeconómico que puede
afectar las posibilidades de acceso y uso de servicios financieros.
La infraestructura financiera también cumple una función importante, debido a que los puntos de
atención permiten acercar los servicios a la población. En el cuarto trimestre de 2024 Ecuador
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