GARANTÍAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA INDÍGENA EN ECUADOR

Resumen

La justicia indígena en Ecuador, se basa en costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, fue reconocida en la Constitución de 2008 como un sistema que puede coexistir con el sistema de justicia estatal. Sin embargo, esta convivencia ha generado tensiones y conflictos, especialmente en relación con la protección de los derechos humanos. Aunque la justicia indígena busca la restauración y la reconciliación, la falta de capacitación de quienes trabajan en este ámbito y el escaso entendimiento que tienen las autoridades estatales sobre ella han llevado a que se vulneren derechos, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de sus prácticas y su conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. El artículo tiene como objetivo analizar los fundamentos teóricos y legales de los sistemas jurisdiccionales comunitarios, identificar las violaciones que surgen de la interacción entre los sistemas de justicia tradicionalistas ancestrales basado en el derecho consuetudinario y los estatales, y proponer formas de prevenir estos problemas a través del diálogo intercultural. Utilizando un enfoque que combina análisis cualitativo y cuantitativo, se identifican patrones de vulneración y se presentan once sentencias de la Corte Constitucional que tratan sobre la relación entre la justicia indígena y los derechos humanos. Acorde a resultados, el artículo también examina la relación entre derechos humanos y justicia ancestral en Ecuador, destacando que la Constitución promueve una interpretación intercultural y a pesar de los avances, persisten vulneraciones a derechos fundamentales, como la discriminación de género, y en este caso las sentencias de la Corte Constitucional enfatizan la necesidad de diálogo intercultural y la participación de comunidades indígenas, evidenciando la complejidad de armonizar ambos sistemas en un contexto plurinacional. Las conclusiones resaltan la importancia de implementar medidas preventivas, promover la capacitación en derechos humanos y fomentar la colaboración entre los sistemas judiciales, para asegurar que la justicia indígena funcione de manera justa y equitativa, respetando la diversidad cultural y los derechos de todos los ciudadanos en Ecuador.